Los glaciares son reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano

Luego quela Corte Supremadela Naciónpusiera en vigencia la ley 26.639, en el país, las autoridades competentes comenzaron a trabajar en el inventario de los glaciares y periglaciares.

 

Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo brindará una estimación de las reservas hídricas.

 

Luego quela Corte Supremadela Naciónpusiera en vigencia la ley 26.639, en el país, las autoridades competentes comenzaron a trabajar en el inventario de los glaciares y periglaciares.
Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con varios miles de kilómetros cuadrados de glaciares y permafrost de montaña en su territorio. Sin embargo, a pesar de la gran extensión de hielo que existe en el país y su clara importancia socio-económica, geopolítica, ambiental y científico-académica, el conocimiento actual sobre los glaciares y el ambiente periglacial en la Argentina es muy limitado.

Si bien en las últimas décadas se avanzó significativamente en el estudio de los cuerpos de hielo, aún hoy sólo un puñado de sitios fueron analizados en detalle, y en la actualidad no existe información sobre la ubicación, área total, significancia hidrológica o la historia reciente de los glaciares y geoformas periglaciales (también llamadas crioformas) a lo largo de la Cordillera de los Andes.

En la Argentina los glaciares y crioformas cumplen un papel trascendente en el desarrollo regional y son componentes emblemáticos del patrimonio ambiental de los Andes. Entre otros atributos, estos cuerpos de hielo son reconocidos como componentes cruciales del sistema hidrológico de montaña y como «reservas estratégicas» de agua para las zonas bajas adyacentes.

Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales en distintas condiciones climáticas. Estos conocimientos son fundamentales para establecer medidas de manejo y adaptación frente a eventos de escasez hídrica en las distintas regiones y para las diferentes actividades socioeconómicas que dependen de los recursos hídricos en las regiones áridas del oeste argentino.

Teniendo en cuenta la importancia nacional y regional de los cuerpos de hielo de la cordillera, en septiembre de 2010 el Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto de «Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial». Pero recién en marzo de 2011 la reglamentó el Poder Ejecutivo Nacional publicándola en el Boletín Oficial.

Los gremios mineros habían conseguido una medida cautelar en la Justicia de la provincia de San Juan, lo que frenó su aplicación, sin embargo en julio de este año la Corte Suprema de la Nación puso en vigencia la ley, y dejó sin efecto la medida cautelar.

DEFINICIÓN 

Ley 26.639 «Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial», está compuesta por 18 artículos, a través de los cuales se establece el objetivo de la ley; la definición de glaciares y periglaciares; específica las actividades prohibidas; promueve la realización de un inventario; determina las autoridades competentes, y sus funciones; las sanciones e infracciones por incumplimiento; entre otros.

En su artículo 1º manifiesta que la ley tiene como objeto preservar los glaciares y periglaciales como «reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Constituyendo bienes de carácter público».

Asimismo establece que se entiende por glaciar a «toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso, y los cursos internos y superficiales de agua». Mientras que se entiende por «ambiente periglacial en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo».
Autoridades

La autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que tiene como función formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y con los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional en el ámbito de sus respectivas competencias; coordinar la realización y actualización del inventario nacional de glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); y elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares y el ambiente periglacial, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre ellos o en sus zonas de influencia, que será remitido al Congreso de la Nación.

También debe asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares; crear programas de promoción e incentivo a la investigación; desarrollar campañas de educación e información ambiental; entre otros.

La normativa en el artículo 3º crea «el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo».

Cabe señalar que el inventario deberá contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica.

Además tendrá que actualizarse con una periodicidad no mayor a cinco años, verificando los cambios en las superficies, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación.

Según se establece el inventario y monitoreo es responsabilidad del IANIGLA. Además se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas.

Es importante señalar que en una disposición transitoria se determina un plazo máximo de 60 días a partir de la sanción de la normativa para que el IANIGLA presente un cronograma para la ejecución del inventario, el cual debe comenzar de manera inmediata en aquellas zonas que se consideren prioritarias al desarrollarse alguna actividad prohibida por el artículo 6º, y tendrá un periodo de 180 días para llevarlo a cabo.

En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2° las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para que se cumpla la ley, pudiendo ordenar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción, traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen.

Queda prohibido en el ambiente periglacial la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.

Todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un «procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica», según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos de la ley 25.675 general del ambiente, en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.

Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades: de rescate, derivado de emergencias; científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos; y deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Las sanciones al incumplimiento de la ley y de las reglamentaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las establecidas en la norma.

Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional: apercibimiento; multa de cien a cien mil sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional; suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de 30 días hasta un año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso; y cese definitivo de la actividad.

Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.

En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en el artículo anterior podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.

Los importes percibidos por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones.

 

Fuente http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?246897

Aporte de Ecosalud Tucumán

Lic. Adela Álvarez

Miembro de la Comisión Cambio Climático del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil – Cancillería Argentina

Deja tu comentario