Monsanto y la Ley de Semillas

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Carlos Vicente, investigador de GRAIN Internacional

Carlos Vicente, investigador de GRAIN Internacional

Extracto de una entrevista realizada en Neuquén a Carlos Vicente ,  uno de los máximos referentes en la materia, con motivo de realizarse el 30 de Septiembre de 2013 el 3° Encuentro Seminario de Soberanía Alimentaria:

8300web ¿En qué consiste la nueva ley de semillas que está promoviendo el gobierno nacional?

Carlos Vicente: La actual Ley de Semillas vigente en nuestro país fue sancionada en pleno gobierno de facto del general Lanusse en el año 73. La ley pasaba de considerar la semilla como un bien natural a un bien mercantil. Ese fue el primer intento de regular las semillas, hace ya cuarenta años. El intento de modificar ahora esta Ley de Semillas se enmarca en un proceso mundial, de apropiación del proceso alimentario por parte de las grandes corporaciones que buscan imponer derechos de propiedad intelectual sobre la semilla a través de lo que se conoce como “Derecho del Obtentor“. El derecho del obtentor es un derecho de propiedad intelectual nacido hace unos 50 años que reconoce el mejoramiento hecho por una persona en una semilla siempre y cuando este mejoramiento sea, además de innovador, estable, homogéneo. De esta forma se le otorga al obtentor el monopolio sobre la semilla, monopolio que funciona igual que el derecho de autor de una obra artística. Es decir este derecho hace que el autor sea la única persona que puede comercializar e incluso compartir la semilla. Esto es nuevo y es una aberración absoluta porque las semillas son una creación campesina de hace 10.000 años. Un ejemplo claro es el del maíz. El maíz es americano, lo crearon los campesinos americanos. No existe en ningún lugar del mundo el maíz silvestre. Pero con la nueva ley cualquiera podría patentar esa semilla como propia.

8300web: ¿Que significa esto en concreto para un campesino?

Carlos Vicente: Quien posee el derecho de propiedad intelectual se hace dueño de la semilla. El campesino o productor puede comprar una semilla a una de estas personas o empresas que detentan la propiedad intelectual pero no pueden volver a sembrarla al año siguiente, porque si la siembran están haciendo algo ilegal. Pero también significa que cualquier semilla campesina puede ser registrada. Por ejemplo me regalan un maíz y yo descubro que este maíz es resistente al gorgojo. Entonces registro este maíz resistente al gorgojo y por lo tanto reclamo la patente, o el derecho de obtentor. Ahora yo soy propietario y los campesinos, sus legítimos dueños,  corren el riesgo que se haga biopiratería con sus propios conocimientos. Algo así sucedió con la Ayahuasca, que es una planta sagrada de la Amazonía, un tal Loren Miller se llevó la planta a Estados Unidos, la patentó y quiso reclamar derechos por esa planta que había patentado.

Pero además se hace ilegal la semilla de los campesinos. Las únicas semillas pasibles de comercializar según la nueva ley serán las registradas, entonces hace que nuestras ferias de semillas, los intercambios que tenemos cotidianamente sean ilegales. Las demás semillas –aquellas que no están registradas- son ilegales, las demás semillas no podrán se comercializarse.

Otra de las objeciones a esta nueva ley, es que amplía la normativa por la cual se rige, o sea significa la aplicación de la UPOP 91 -unión internacional para las obtenciones vegetales- que es la normativa que se está intentando imponer en todo el mundo, y abre el terreno para que no solo sean registradas variedades agrícolas –como sucedía con la UPOP 78- sino cualquier planta del entorno como plantas farmacéuticas, por lo que expande la posibilidad de biopiratería para toda la biodiversidad.

8300web: ¿Que países aplicaron ya esta modificación de su leyes de semillas?

Carlos Vicente: Los países desarrollados -generalmente- son los que ya aplicaron la norma UPOP  91. Ya la están implementando en Alemania y Estados Unidos. Esto deriva en persecución a los agricultores que guardan semillas. Con un segundo grupo de países hay compromisos de aplicarse, a través de presiones, una de las formas de presión es a través de los Tratados de Libre Comercio que tienen un capítulo sobre las semillas, es una obligación. Esto fue muy claro en la implementación de TLC en el NAFTA – entre Estados Unidos y Centraomérica. Así los países que han aprobado TLC no tienen ninguna posibilidad de resistirse. Si fuéramos parte del ALCA como se intentó a principios de siglo, no hubiéramos escapado. En el resto de los países no existe ninguna obligación internacional de aplicación. Lo que existe son presiones políticas y corporativas. La ley de patentes en Argentina que se modificó en los años noventa por presión de EEUU fue la antesala.

8300web: ¿Qué relación tiene la empresa Monsanto con la nueva ley de semillas?
Carlos Vicente: La nueva ley es un lobby concreto de Monsanto. En el 2003 la empresa empezó a pedir que se cambie la ley de semillas. Pero en ese entonces no encontró ecos en el gobierno, y anunció que se retiraba del país y que no generaría más eventos hasta que no se cambiara la situación. Entre otras acciones Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía pago de sus regalías. Esa demanda la ganó Argentina. Pero en el año 2010 – 2011, el gobierno nacional empieza a replantear su postura sobre el tema. A mediados de junio de 2011 en un discurso Cristina Kirchner afirmaba en Consejo de las Americas su reunión con representantes de la empresa Monsanto y la intención de la empresa de volver a hacer inversiones. Ocurre eso a mediados de junio y a mediados de agosto Vaqueros, director de Monsanto Argentina y Yahuar, Ministro de Agricultura anuncian en conferencia de prensa el lanzamiento de la soja RR2 Intacta.

8300web: ¿Qué posibilidades concretas existen hoy de que el gobierno sancione la nueva ley?

Carlos Vicente: En muchos lugares donde se quiso imponer esta ley los pueblos han frenado su avance. El gobierno de Piñera en Chile no pudo presentarla en el Congreso debido al trabajo de muchas organizaciones sociales. En Colombia el paro agropecuario tuvo, entre sus pliegos, la desactivación de la resolución 970 que adhería a la UPOP 91. En Argentina hace un año que el proyecto está frenado. Se cree que pasada las elecciones el gobierno intentará aprobarla antes de fin de año. Tenemos un gran desafío por delante.

Fuente: http://www.8300.com.ar/2013/09/30/monsanto-el-gobierno-nacional-y-la-nueva-ley-de-semillas/

No-a-Monsanto

Documento redactado por  GRAIN, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, CLOC(Vía Campesina Argentina), Amigos de la Tierra y Acción por la Biodiversidad 

Sectores del Agronegocio, de las transnacionales, así como el Ministro de agricultura y otros funcionarios, vienen trabajando sobre un nuevo proyecto de Ley de semillas. Según los borradores que se conocen y por las declaraciones publicas, el mismo busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV ( Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales)   y las transnacionales. Las consecuencias las sufrirán los campesinos y agricultores familiares, pero también el pueblo argentino, ya que golpeará sobre el mercado interno de alimentos.

Podemos afirmar que:

1 –     La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida La ley es parte de un conjunto de normas e iniciativas políticas que fomentan la privatización de los conocimientos y de las formas de vida, como las leyes de patentes, la privatización de los sistema de investigación, la privatización de la educación, etc. Este tipo de normas concentra un poder creciente en manos de unas pocas empresas transnacionales, expropia y privatiza el patrimonio biológico nacional, arruina los sistemas nacionales de investigación, dificulta el intercambio de información -fundamento del avance científico-, agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y violenta principios éticos fundamentales, como es el libre acceso al conocimiento. Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora además ponen el lucro por sobre el derecho fundamental a la alimentación.

2 –     Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Al aplicarse la ley a todas las especies vegetales, el proyecto permite que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras. Lo único que se requerirá es hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o grupo de plantas relativamente homogéneas. Adicionalmente, el proyecto de ley facilita que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como “nuevo” cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual.

3 –     Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo -incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO- que además fue central en crear la diversidad y riqueza genética utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica. El proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez.

De esta manera, el proyecto de ley entra en conflicto con el Tratado de Recursos Genéticos de la FAO, del que Argentina es signatario.

4 –     Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. La definición de los requisitos para otorgar propiedad no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter, facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como “nuevas”. La no exigencia de mejorías comprobables o de inocuidad facilita además la introducción de cultivos tóxicos.

5 –     Crea condiciones para expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país, en desmedro del desarrollo nacional de variedades vegetales.La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades. Al no permitir el libre uso de las variedades existentes para crear nuevas variedades -base de los grandes avances en mejoramiento genético- la nueva ley hace muy difícil el ingreso de nuevos actores a los procesos de mejoramiento genético, reduciendo así la oferta tecnológica.

6 –     Al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible debido a que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras.

7 –     Otorga a las empresas semilleras el “poder de policía”, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Se violan así incluso normas fundamentales del país, como el que los cuerpos policiales están bajo el control y mando del Estado y los poderes fiscalizadores dependen o son supervisados por éste. Es inadmisible la privatización del poder de policía.

8 –     Permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la ley. Esto se puede traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones frutales, en el decomiso de productos ya a la venta, e incluso en el embargo de exportaciones argentinas. La ley facilita demandas sin fundamento y limita el derecho a defensa de los demandados.

9 –     El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo al ser llevado adelante a puertas cerradas y únicamente con la participación de sectores corporativos, sin darse a conocer al público el borrador que se está discutiendo ni posibilitar la participación de toda la sociedad en el debate. Una nueva Ley de Semillas de estas características afectará al conjunto de la sociedad. Impedir su debate público es un atentado a los derechos humanos de todo el pueblo argentino. Negar la información sobre el Proyecto, como ha hecho el CONASE a las organizaciones que lo han solicitado (no respondiendo el pedido) demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate.

10 –     El anuncio de la modificación de la Ley hecho simultáneamente con la aprobación de la soja rr2 de Monsanto confirma quien es el principal beneficiario de este Proyecto.La anunciada “Alianza Estratégica” con Monsanto tiene a la modificación de la Ley de Semillas como uno de sus pilares. De hecho, la mayor corporación biotecnológica del mundo ha expresado este reclamo desde comienzos del Siglo 20 exigiendo que Argentina le garantice la “seguridad jurídica” para introducir nuevos transgénicos.

Hacemos un llamado a Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo.

Lic. Adela Álvarez

Miembro de la Comisión Cambio Climático del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil – Cancillería Argentina

Sin comentarios en “Monsanto y la Ley de Semillas”

  1. Lug barry lopez dice:

    ES UNA GRAN PORQUERIA TODO LO Q DICEN AQUI,, HAY Q PARA ESTA LOCURA DE LAS SEMILLAS TRANSGENICA Y QUEMARLAS DEL PLANETA, ME UNO ALA CAUSA DE LOS CAMPESINOS

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